Las personas liberadas de prisión corren un riesgo de sobredosis por opioides 10 veces más alto que el público en general, según investigadores de Oregon Health & Science University, Oregon State University y el Departamento de Correccionales de Oregón.
Según el estudio, que se publicará en la edición de abril de Journal of Substance Use and Addiction Treatment, además el riesgo de sobredosis es más alto entre mujeres y en las primeras dos semanas posteriores a la liberación.
“Las sobredosis de drogas, y específicamente de opioides, es la principal causa de muerte entre personas que estuvieron en prisión recientemente, y esto está ocurriendo aquí mismo, en las comunidades de Oregón”, dijo Elizabeth Waddell, Ph.D., profesora adjunta en OHSU-PSU School of Public Health y autora principal del estudio. “Es fundamental que hagamos más para identificar quiénes corren mayor riesgo e implementar intervenciones para cuidar la salud de estas personas que se encuentran en un momento tan trascendental en sus vidas”.
Hay aproximadamente 1.4 millones de personas en prisiones estatales y federales de los estados unidos, y todos los años quedan libres más de 600,000. Además, casi dos tercios de todos los adultos presos en los Estados Unidos tienen un trastorno por uso problemático de sustancias documentado.
A pesar de la gran proporción de personas con trastornos por abuso de sustancias en el sistema de justicia penal, las prisiones y cárceles no están preparadas para abordar las necesidades de atención médica de estas personas o identificar a aquellas con mayor riesgo. Este estudio buscó establecer el riesgo de sobredosis posterior al encarcelamiento y e iniciar una conversación más amplia en torno a las estrategias para proteger a las personas que se reinsertan en la comunidad durante este período de vulnerabilidad.
El equipo multidisciplinario de expertos que participaron del estudio incluyó a Thuan Nguyen, Ph.D., de OHSU-PSU School of Public Health, a Daniel M. Hartung, Pharm.D., M.P.H. y Caitlin McCracken, M.A., de Oregon State College of Pharmacy, y a Katherine Kempany, Ph.D. del Departamento de Correccionales de Oregón.
Un conjunto de datos singular
Con un conjunto de datos innovador donde se vincularon puestas en libertad tras un encarcelamiento, registros de Medicaid, datos de alta de hospitales y registros de fallecimientos en el estado de Oregón, los investigadores pudieron estimar el riesgo de sobredosis fatales y no fatales entre personas que acaban de salir de prisión. El análisis mostró que la frecuencia de sobredosis fue “notablemente más alta” en esta población: unas 10 veces más que para el público en general.
Además, los investigadores pudieron analizar específicamente el riesgo de sobredosis por sexo, y concluyeron que las mujeres tienen una tasa significativamente más alta de sobredosis por opioides que los hombres. El riesgo también resultó más alto entre quienes necesitaban otros tratamientos de salud mental o de trastorno por abuso de sustancias.
En los últimos años, el Departamento de Correccionales de Oregón ha ampliado de manera sustancial sus proyectos para brindar apoyo a personas encarceladas con trastornos por abuso de sustancias, informó la agencia. Esto incluye un programa de medicamentos que da continuidad a los tratamientos en curso durante la encarcelación y ofrece a los pacientes elegibles un protocolo de medicamentos dentro de los 13 meses de su fecha prevista de liberación. Si bien las iniciativas en curso han mejorado los resultados, los investigadores enfatizan que las instituciones de justicia penal deben seguir creando y ampliando sus programas.
“Muchas personas con trastornos por abuso de sustancias terminan en el sistema de justicia penal e históricamente las prisiones y cárceles nunca han estado bien preparadas para abordar las necesidades de atención médica de estas personas”, dijo Hartung, autor principal del estudio.
Con vistas a futuro, los investigadores recomiendan mayor acceso a medicamentos con potencial de salvar vidas en casos de trastornos por uso de opioides y otras estrategias de reducción de daños, como mayor disponibilidad de Narcan, tanto durante como después de la liberación y reinserción en la comunidad.
“Debemos asegurarnos de que todas las personas dentro del sistema de justicia penal tengan acceso al tratamiento y los recursos que necesitan”, dijo Waddell. “Depende de nosotros garantizar que estas personas se mantengan seguras, sanas y estén en condiciones de reinsertarse exitosamente en la comunidad”.
Este estudio fue financiado por los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC) con el número de subvención de la agencia: 1 R01 CE003008-01-00).