En una nueva investigación, se descubrió que casi la mitad de las personas que consumen drogas ilegales en áreas rurales estuvo recientemente en la cárcel.
Los resultados de una encuesta a casi 3,000 personas en ocho áreas rurales de todo el país que reportan consumo de drogas ilegales se publicaron hoy en la revista JAMA Network Open. El estudio descubrió que el 42% había estado encarcelado, ya sea en prisión o en cárceles locales, durante los seis meses anteriores.
El estudio fue realizado por investigadores de Oregon Health & Science University y otras instituciones en 10 estados.
Los hallazgos sugieren una oportunidad excelente para abordar la crisis nacional de opioides mediante la expansión de los tratamientos contra la adicción para personas que están encarceladas. En la actualidad, el acceso a terapias comprobadas, tales como los medicamentos para tratar la adicción, es limitado o inexistente en muchas cárceles.
“Uno tiene la oportunidad para alcanzar a estas personas en la cárcel, y la mayoría de las cárceles no brindan este tipo de atención para adicciones", dijo el autor principal, el Dr. Dan Hoover, profesor adjunto de medicina (medicina interna general y geriatría) en OHSU School of Medicine. "En un sentido más amplio, nuestras instituciones correccionales tienen una obligación de rehabilitar a las personas que ingresan en el sistema. Y tratar la adicción es una parte enorme de esto".
Hoover destacó que el tratamiento eficaz durante la encarcelacción puede beneficiar a las comunidades en general.
Citó un estudio de Rhode Island que detectó una disminución del 12% en las sobredosis en todo el estado, luego de que el estado implementara terapia con medicamentos en su sistema correccional en 2016. En otro sentido, Hoover mencionó que obligar a personas encarceladas a atravesar la abstinencia sin tratamiento les hace más vulnerables a regresar al consumo, a la conducta delictiva y a un riesgo mayor de sobresodis cuando salen de la cárcel.
"Muchas de estas personas regresan a su comunidad en cuestión de días", dijo Hoover. "Su salud es la salud de la comunidad. Ese tiempo en la cárcel es la oportunidad para llegarles, para comenzar su camino hacia el tratamiento y la recuperación".
La encuesta cubre áreas rurales en 10 estados
Los investigadores examinaron datos de la Rural Opioid Initiative, una encuesta que se tomó en ocho regiones rurales de Estados Unidos desde enero de 2018 hasta marzo de 2020. En el nuevo estudio participaron 2,935 personas que reportaron consumo de drogas ilegales en los 30 días anteriores. Se les preguntó sobre su consumo de sustancias y su tratamiento, así como sus interacciones con el sistema de justicia penal.
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La encuesta cubrió 65 condados rurales en ocho regiones distintivas que abarcan Oregón, Illinois, Wisconsin, Carolina del Norte, Kentucky, Virginia Occidental, Ohio, Massachusetts, New Hampshire y Vermont.
El estudio citó trabajo reciente en jurisdicciones tales como Nueva Jersey y Seattle para desarrollar caminos hacia el tratamiento y la recuperación para los presos mientras están encarcelados y cuando recuperan su libertad. Para las personas con trastorno de consumo de opioides, hay medicamentos aprobados por la Administración de Alimentos y Medicamentos, tales como la metadona, la buprenorfina y la naltrexona, pero los autores hacen notar que estos medicamentos rara vez se suministran en los sistemas correccionales estadounidenses.
Oregón brinda acceso a la buprenorfina en el sistema de prisiones estatal, pero el acceso sigue siendo irregular en las cárceles locales.
"La falta de fondos del sistema legal penal asignados al tratamiento [del trastorno de consumo de sustancias] y la falta de cobertura de seguro médico durante la encarcelación contribuyen aún más al bajo acceso al tratamiento contra el trastorno de consumo de sustancias para esta población", escriben los autores.
Se recolectaron los datos y se desarrollaron los métodos a través de la Rural Opioid Initiative, un estudio en múltiples sitios que desarrollaron en colaboración los investigadores de ocho instituciones de investigación y el Instituto Nacional sobre el Abuso de Drogas (NIDA) de los Institutos Nacionales de Salud (NIH), la Appalachian Regional Commission (ARC), los Centros para el Control y la Prevención de las Enfermedades (CDC) y la Administración de Salud Mental y Abuso de Sustancias (SAMHSA).
El apoyo financiero para la investigación que se reporta en este parte de prensa se obtuvo a través de las subvenciones U24DA048538, UG3DA044829/UH3DA044829, UG3DA044798/UH3DA044798, UG3DA044830/UH3DA044830, UG3DA044823/UH3DA044823, UG3DA044822/UH3DA044822, UG3DA044831/UH3DA044831, UG3DA044825, UG3DA044826/UH3DA044826, U24DA044801 y UL1TR002369 cofinanciado por NIDA, ARC, CDC y SAMHSA. El contenido es responsabilidad únicamente de los autores y no necesariamente representa las opiniones oficiales de los NIH.