Durante generaciones, el gobierno federal se abstuvo en gran medida de pagar tratamientos de salud mental y consumo de sustancias en instalaciones residenciales grandes.
Esto cambió en 2015 cuando el gobierno federal permitió a los estados eximir de una prohibición de larga data de usar fondos de Medicaid para servicios en las llamadas instituciones de enfermedades mentales. El cambio fue en respuesta al aumento de las muertes por sobredosis de drogas ilícitas en todo el país. Los estados, a su vez, debieron mejorar su atención para adicciones con énfasis en aumentar el tratamiento con medicamentos.
Aún así, en un estudio de investigadores de Oregon Health & Science University se halló que no hay beneficios generales en términos de aumento de tratamientos. Tampoco hay disminución de sobredosis no letales entre los 17 estados que recibieron la exención entre 2017 y 2019, en comparación con los 18 estados que no la recibieron. Medicaid es un programa de seguro médico conjunto entre los estados y el gobierno federal. Cubre a 90 millones de estadounidenses, aunque no todos los estados extienden cobertura de Medicaid a todos los adultos de bajos ingresos.
El estudio fue publicado hoy en la edición de este mes de la revista Health Affairs.
"Las exenciones fueron importantes para actualizar el programa de Medicaid para tratar el trastorno de consumo de opioides. No obstante, por sí mismas no parecen haber mejorado la situación en forma significativa en términos de uso de medicamentos para tratar trastornos de consumo de opioides o para reducir sobredosis", explicó el autor principal, Stephan Lindner, Ph.D., profesor asociado del Center for Health Systems Effectiveness de OHSU y profesor de la School of Public Health de Portland State University.
Lindner observó que el resultado nulo destaca el hecho de que las exenciones pueden ser necesarias, pero son claramente insuficientes para poner bajo control la epidemia de sobredosis de la nación.
"Las exenciones comenzaron hace unos 10 años", continuó. "En ese tiempo, unas 50,000 personas por año morían de sobredosis de drogas. Diez años después, más de 100,000 personas por año mueren de sobredosis de drogas en Estados Unidos.
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"Hicimos algunos avances para abordar la crisis de opioides, pero necesitamos acciones más sustanciales a nivel federal para asegurar que todas las personas con trastorno de consumo de opioides obtengan el tratamiento que necesitan".
Las exenciones no son suficientes, pero Lindner señaló varias iniciativas respaldadas por la investigación y la ley que podrían tratar mejor la crisis de sobredosis de drogas de la nación:
- Tratamiento en todo el espectro de atención. Una ley federal de 2018 patrocinada por el ex diputado nacional Greg Walden, R-Hood River ya requiere que los estados cubran los medicamentos aprobados por la FDA para tratar el trastorno de consumo de opioides (metadona, buprenorfina y naltrexona). Sin embargo, Lindner indicó que el cumplimiento de esta ley puede haber sido laxo.
- Mejorar el acceso a la metadona. Desde la investigación, incluida una serie de revisiones de evidencia realizadas en OHSU, se recomienda facilitar el acceso a la metadona, que históricamente se dispensaba solo en clínicas especializadas. En un estudio reciente de la médica de OHSU, Dra. Honora Englander, se halló que el 87% de las personas con trastorno de consumo de opioides en Francia recibía acceso a la metadona, en comparación con menos del 20% en Estados Unidos.
- Establecer la distribución de naloxona para salvar vidas. Recientemente, OHSU organizó una serie de eventos para promover la distribución extensa de naloxona para revertir sobredosis, especialmente entre los/las jóvenes.
- Aumentar el acceso a la buprenorfina. Investigaciones anteriores de Lindner encontraron que el acceso a la buprenorfina es muy variado entre los estados de Estados Unidos. El estigma sigue siendo un obstáculo en entornos médicos incluidas las farmacias.
Además de Lindner, los coautores fueron Kyle Hart, M.S., Brynna Manibusan, M.S. y Kirbee Johnston, M.P.H., del Center for Health Systems Effectiveness de OHSU; Dennis McCarty, Ph.D., profesor emérito de salud pública y medicina preventiva en la School of Medicine de OHSU y la School of Public Health de OHSU-PSU; y K. John McConnell, Ph.D., director del Center for Health Systems Effectiveness de OHSU y profesor en la School of Public Health de OHSU-PSU.
La investigación contó con el apoyo del Instituto Nacional de Abuso de Drogas de los Institutos Nacionales de Salud (sigla en inglés, NIH), mediante la subvención R01DA052388. El contenido es responsabilidad únicamente de los autores y no necesariamente representa las opiniones oficiales de los NIH.